Democracia y Dictadura: el estado carcelario chileno y resistencias abolicionistas

Patricio Azócar Donoso habla sobre los aparatos carcelarios que se despliegan dentro de los territorios que hoy se conocen como Chile — desde la dictadura hasta la llamada transición democrática. Patricio traza tanto la emergencia del punitivismo corporativo que capitaliza la miseria de las poblaciones por medio de sus varios aparatos de control social como también las resistencias que le hacen frente a estos aparatos de administración de la miseria.

Con furia anticarcelaria y apoyo a la Caminata de Lxs sin Voz, este episodio es la primera parte de un proyecto conjunto con Vitrina Dystópica. Estén atentos en Agosto: lanzaremos una serie de videoentrevistas sobre la campaña por las libertades condicionales – hacia un mundo sin cárceles.

Credito de Imagen: La Caminata d3 Lxs Sin Voz

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a María: Bienvenides al segundo programa en castellano de Rustbelt Abolition Radio, mi nombre es A. María. En este programa conversamos con Patricio Azócar Donoso sobre los aparatos carcelarios que se despliegan dentro de los territorios que hoy se conocen como Chile — desde la dictadura hasta la llamada transición democrática. Patricio traza tanto la emergencia del punitivismo corporativo que capitaliza la miseria de las poblaciones por medio de sus varios aparatos de control social como también las resistencias que le hacen frente a estos aparatos de administración de la miseria. Pato es Profesor de Filosofía de la UMCE y Magíster en estudios de Género y Cultura de la Universidad de Chile. También es integrante de estudios experimentales Paul Feyerabend y Vitrina Dystopica, un colectivo que empuja con-tactos radiofónicos con aquellas y aquellos que persisten/resisten al estado de crisis global. A continuación, la conversación con nuestro gran compa, Pato Azócar.

a María: Hola Pato! Bienvenido.

Patricio Azócar: Hola A. María.

a María: Aquí estamos en Santiago, en otra polinización cruzada con los colectivos Vitrina Dystopica y Rustbelt Abolition Radio, y hoy nos reunimos para contextualizar las movilicaziones masivas contra el decreto 321 y la eliminacion de la libertad condicional. Para empezar, hablemos sobre el contexto de control social aqui en el sur del sur, ya?

Patricio Azócar: Bueno, yo creo que el contexto de control social actual en Latinoamérica obviamente que está organizado sobre el proceso de las dictaduras a nivel Latinoamericano. Y el contexto de las dictaduras Latinoamericano es una especie de síntoma de una política de modernización estatal y secular de la colonización. Por lo tanto, no se puede comprender sino es por medio de un análisis efectivo de lo que fue la persecución y el asesinato de principalmente grupos mestizos e indígenas durante lo que fueron los primeros años de construcción del estado nación Latinoamericano moderno. La cacería, de alguna u otra forma, de las alianzas entre mestizos e indígenas empobrecidos.

Por lo tanto, el sistema de control que actualmente todavía podemos seguir identificando en toda latinoamérica está atravesado por las dictaduras, en cuánto estás son una expresión de una política de exterminio contra pobres, racializados, y pobres –digamos– socialmente clasificados como tales: el campesino, el indígena y lo que pudo haber sido en algún momento el proletario. Por lo tanto, es un sistema mixto de cacería socialmente organizada contra empobrecidos.

Actualmente, el sistema de transición financiero neoliberal corporativo, organizado por las izquierdas progresistas desde los 90s en adelante, aquello que administró fue justamente la destrucción de las alianzas entre empobrecidos que trataron de imaginar una forma distinta de poder sobrellevar –digamos- la miseria capitalista. En este sentido, lo que se persiguió durante la dictadura y lo que se exterminó, antes que proletarios, antes que indígenas, como tales, entonces, fueron las alianzas políticas que se organizaron entre ellas. Esta viene a conformar un mito de reorganización democrática en el que a esas masas empobrecidas se les trata de sacar la condición de enemigo social y plantearle más bien una alternativa de capitalización de su miseria.

En ese sentido entonces, no hablamos del exterminio o de la guerra declarada contra los pobres sino de un modelo preparado para poder incorporar a los pobres al modelo capitalista. Lo que nos encontramos durante lo que es el 90 hasta la actualidad, yo le llamo una empresa de incardinación, o sea un ensamble entre maquinarias estatales y privadas que, a nivel micropolítico, se insertan en los barrios empobrecidos y en los territorios empobrecidos para generar ciertas oportunidades para que estas personas puedan capitalizar su miseria.

Ahora, todo se capitaliza. Se capitalizan las clases altas, se capitalizan las clases bajas en función de esta capacidad de estos sujetos de poder emprender un proyecto capitalista o una forma de vida capitalista. En este sentido lo que permanentemente se trata de administrar es un modo o una norma de capitalización de la miseria y, en ese caso, se empiezan a perseguir y encarcelar los modos de capitalización de la miseria que estaban un poquito más marginales frente a la norma productiva. Siguiendo lo anterior, el punitivismo pasa a ser el articulador de los discursos de reorganización política a nivel latinoamericano. No se puede entender en Latinoamérica en este caso, entonces, el sistema neoliberal democrático sino es por medio de la incorporación a nivel micro, a nivel escala más territorial, más de las vidas cotidianas del punitivismo.

O sea, el punitivismo es la clave de reorganización social después de las dictaduras. Por lo tanto, el contexto contemporáneo desde el 90 hasta la actualidad, de profundización del sistema financiero se da solamente en función de profundizar un punitivismo corporativo. Y en ese sentido, la articulación de lo público y lo privado, la indistinción entre lo público y lo privado en el devenir de un estado empresa sostenido en el punitivismo como tal.

Y en ese caso, entonces, ¿a qué me refiero en términos más concretos?, de qué se determina que los enemigos externos contra los cuales se luchó durante las dictaduras, que eran principalmente los enemigos políticos, marxistas etcetéra, pasan a mirarse a nivel interior dentro de la sociedades por medio de todas esas clases que no se pueden incorporar al sistema financiero de manera regular. Si no que se pueden incorporar al sistema financiero solamente de forma irregular. Y para ello entonces, quiénes quedan en este ámbito son principalmente trabajadores flexibles que fueron imposibilitados de proletarizarse, una masa gigantesca de trabajadores estatales que fueron, digamos, expulsados de la condición de garantía social y quedaron dando vuelta como masa flotante de trabajadores precarios. Migrantes, que dentro del proceso de reorganización de las democracias latinoamericanas posterior a cada una de las dictaduras empieza a fluctuar, a fluir o a circular por el continente, tratando de buscar un modelo social en el cual incorporarse. Por lo tanto, segundo grupo sería lo migrante. Y en tercer lugar son las infancias y las mujeres.

Ahora, cuál es el vector transversal que una cada uno estos grupos: justamente el de clase. El de ser cuerpos que no han podido normarse de acuerdo al principio de acumulación y de autofinanciación o auto capitalización de su miseria. Esos serías los principales grupos. Y Durante los 90s hasta la actualidad veamos fortalecerse el sistema carcelario y el sistema de persecución también de las migraciones y de la niñez en función de esa misma norma.

Por lo tanto tenemos en el 90 una discusión joven, hasta ahora, por lo menos en el contexto chileno, con respecto a las migraciones que, en Chile por lo menos, todavía el sistema vigente de migraciones está organizado en función de una ley de dictadura.1974: ley de persecución contra el enemigo externo o contra la amenaza del enemigo externo, qué es la ley de seguridad nacional, sigue vigente hasta la actualidad funcionando, al mismo tiempo, que se articula un discurso de libre circulación de poblaciones. Por lo tanto, tenemos un sistema bicéfalo o bífido, con dos cabezas, que articula nuevamente punitivismo y capitalización. Solamente así se puede entender este monstruo latinoamericano.

En segundo lugar, entonces, tenemos también la ley contra la niñez. En Chile en el ’89 se firma el convenio de protección de los derechos del niño pero la única ley que existe durante todo lo que en la transición democrática para fortalecer las garantías de protección a la niñez es: La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Por lo tanto, nuevamente, discursivamente, se protegen los derechos de la niñez pero los derechos solamente son traducidos por medio de un lente penal punitivo.

En el campo entonces de las clases más empobrecidas se oferta un sistema de incorporación por medio del endeudamiento al sistema de capitalización democrático, y todas aquellas poblaciones que quedar sin crédito social: son las que son encarceladas y las que son perseguidas socialmente. Por lo tanto, nuevamente vemos sobre los pobres que no pueden rentabilizar su propia miseria y entonces ser legitimados socialmente –O sea no pueden adquirir crédito social– son encarcelados.

Tenemos tres articulaciones que ahora van a poner sobre el campo de las mujeres, su nuevo objetivo, y lo vemos en la última reforma penal que la que hemos venido nosotros trabajando que tiene que ver con la anulación de las libertades condicionales donde adquiere principal protagonismo, dentro del campo de amenaza social, el tráfico de droga y, en este caso, específicamente, el microtráfico. Y socialmente, quiénes son los sujetos más expuestos al tráfico de drogas? Las mujeres. ¿Por qué? Porque están dentro del campo de la reproducción de un sistema a nivel más micro, en los barrios y en los territorios, empobrecido. Los hombres que estaban presos por el fortalecimiento del sistema penal durante los 90 y los 2000 ahora recae sobre las mujeres que habían quedado en su casa tratando de sostener a los hijos de los presos.

Entonces ya tenemos un sistema que, de alguna manera, totaliza el engranaje punitivo corporativo sobre nuevos enemigos internos que, en este caso, evidentemente son los migrantes, la niñez y las mujeres.

Ahora el contexto que estamos analizando de anulación de las libertades condicionales es específicamente en Chile uno de los más nuevos, de alguna manera, porque es durante el 2019, el año que está vigente, que se empieza recién a legislar sobre la reducción del derecho a la libertad condicional. Históricamente los presos y las presas habían podido optar a su derecho de la libertad condicional; cumpliendo la mitad de la condena y, actualmente, es eso se restringió, y se disminuyó a los dos tercios.

Por lo tanto, tenemos poblaciones que, estando encarceladas actualmente, y con una condena efectiva, van a tener que, para postular a su derecho a libertad condicional pasar mucho más tiempo en la prisión del que les informaron que tenían que cumplir cuando fueron apresados. Porque ese es el otro vector de la reducción de las libertades condicionales: que se dan de manera retroactiva. Y, en este caso, la reducción de las libertades condicionales hace caso a un contexto de inseguridad social que viene a reorganizar los discursos de ultraderecha en un contexto que, durante 20 años, fue administrado por el progresismo neoliberal.

Por lo tanto, se vuelve a generar y a sostener las condiciones de persecución política y de persecución social contra las clases empobrecidas, por medio de una campaña de 20 años de trabajo progresista en los barrios más empobrecidos en los que: a los pobres se les señala que tiene las capacidades de poder incorporarse al sistema, cuando justamente esas condiciones son completamente y socialmente y estructuralmente impedidas.

O sea, esto es una economía del engaño y de la gestión de lo, como dicen los compañeros de Juguetes Perdidos, “de la implosiónes barriales” dónde está ya las vidas privadas, y hacen de las vidas privadas, la vidas íntimas, el nuevo objeto de intervención policial — pero ese objeto intervención policial eminentemente empresarial. ¿Por qué? porque no solamente se hacen incursiones policíacas y solamente se encierra, sino que también se le ofrecen capacidades y posibilidades de emprender, de empresarializar, su vida cotidiana. Por lo tanto, vemos ahí nuevamente el engranaje entre lo público y lo privado pero en la clave eminentemente securitaria.

a María: Y desde esta análisis, cuéntame sobre la dimensiones de la lucha penitenciaria contemporánea aquí en Chile.

Patricio Azócar: Desde el 2000 aproximadamente, en adelante, se empiezan a vivir un nuevo tipo de lucha penitenciaria. De hecho, en el 2000 hay una gran huelga de hambre en contra del endurecimiento de las penas que ya se venían proyectando y elevando en el sentido de que: había mayor cantidad de robos con violencia. En Chile, principalmente, esos robos con violencia son principalmente robo contra la propiedad. Por lo tanto, hay un incremento de la lucha de clases por medio del robo a la propiedad, también entendiendo de que chile es uno de los países con una brecha de desigualdad más grande de toda Latinoamérica — y donde el modelo neoliberal se profundizó y se sofisticó de manera mucho más avanzada. Por lo tanto, es en el 2000, que al mismo tiempo un momento de cúspide de los progresismos neoliberales cuando se empieza a perseguir y endurecer las penas contra los robos contra la propiedad.

Bueno, se empiezan a desatar las huelgas masivas al interior de los penales más grandes. Sin embargo, a través de esas mismas huelgas es que se empiezan a acondicionar el ambiente de inseguridad social y de estigmatización de las y los presos, en este caso. Se acompaña el robustecimiento de la democracia neoliberal por medio de discursos de estigmatización cada vez más pronunciado contra las clases empobrecidas. O sea, son, en términos más concretos aún, son los progresivos neoliberales los que profundizan la despolitización de la crítica contra los sistemas penitenciarios. Y el mismo tiempo en el que se despolitiza, se inserta en nivel micro político un sentimiento de inseguridad social, cada vez más ampliado. De alguna otra forma se democratiza el sentimiento de inseguridad y de despolitización con respecto a una expresión sintomática de la lucha de clases en Latinoamérica. Y que está dada visualmente por la desigualdad social entre ricos y pobres. Bueno,serán los progresismos neoliberales los que se encargan, entonces, por medio de los medios de comunicación, ampliar el sentimiento de inseguridad y rentabilizar a nivel micro las tensiones al interior de los barrios, entre buenos pobres y malos pobres

Podríamos decir que las primeras huelgas carcelarias que inicia la década de los 2000 son, de antemano, una expresión, de una nueva forma de gobernar la pobreza — o las miserias. Para ser más estricto, entendiendo el carácter más heterogéneo de las pobrezas. Sobre todo comprendiendo de que estas pobrezas se empiezan a diversificar también, porque empiezan a adquirir mayor cantidad de características particulares. Se empieza a dar cuenta de que la población es que estaba haciendo encarcelada, por ejemplo, en su mayoría eran Mapuches… Clase, obviamente lo más empobrecida de toda la sociedad. Pero, al mismo tiempo, que se empieza a ampliar el discurso de integración y de protección contra estas clases que empiezan a adquirir características más particulares se empieza también a diversificar el lenguaje de criminalización.

O sea, el mismo tiempo que los progresismos cambian sus retóricas inclusivas y multiculturales, es que se empieza también a sofisticar el punitivismo que en dictadura había estado focalizado sobre un único sujeto, que sería el sujeto izquierda pobre y que, en este caso, ya pasa– deja de ser de izquierda y empieza a tener matices racializados. Porque la población encarcelada empieza hacer distinguida e identificada como, por ejemplo, población indígena o población migrante racializada. Entendiendo que, durante los noventa, la migración en Chile fue principalmente migración Peruana y Boliviana. Por lo tanto, es esa migración la que empieza hacer estigmatizada. Y alimentar también un concepto de seguridad social más racializada, donde se empieza a fortalecer un concepto de identidad Chilena, blanca principalmente, y emprendedora. Porque, en este caso, Peruanos y Bolivianos no simplemente eran tachados como enemigos externos por el hecho de que robaban, sino porque también se les adjudicaba la condición de flojos.

Por tanto, se alimenta –no solamente la racialización– sino que también se financiariza o productiviza, la racialización. Y en ese tiene sentido podríamos pensar que: es la racialización un plusvalor, digamos, de la producción masiva de pobres a nivel local. Y nuevamente vemos el enganche de una máquina punitivista corporativa que, vuelvo a recalcar, se racializa, pero al mismo tiempo, se plusvaloriza esa diferencia, por medio de la inyección de odio social a nivel micro. Y las policías van a poder justificar su retirada, de ciertos contextos, en tanto las poblaciones de esos mismos territorios ya habían introyectado la función policiaca, de guerra, de persecución…

Durante los 2000 hasta la actualidad, vemos el incremento, por ejemplo, de casos de detenciones ciudadanas. Dónde es la misma población ciudadana la que, en términos preventivos, ataca en la vía pública a cuerpos portadores, posiblemente, de un daño o de una capacidad de infligir daño, y que son esas poblaciones que, en términos muy performativos, en términos de su apariencia, calzan con un estereotipo de peligrosidad. Por eso también vemos durante el 2010 en delante, un incremento de esas detenciones ciudadanas, y en el mismo tiempo un incremento de un empoderamiento social por medio no solamente la capacidad capitalizar su miseria — sino también de capitalizar su función policiaca o de orden, a nivel micro. Y ahí nuevamente vemos una conjunción punitivista corporativa pero a nivel del campo de la subjetividad y del campo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Segunda expresión, entonces, de un punitivismo corporativo

Esto también va de la mano de proyectos de intervención en barrios, vemos que en el 2001 comienza los modelos de intervención en barrios que comienzan a problematizar la intervención eminentemente policiaca que había caracterizado a la dictadura. Es la democracia la que cuestiona el modelo de intervención en los barrios por medio solamente la acción violenta de la policía. Se acompaña esa crítica o ese giro virtuoso de la crítica, se acompaña por medio de discursos de empoderamiento social, de empoderamiento comunitario, en el que se empiezan a inyectar fondos para poder fortalecer buenos vecinos capaces de denunciar y achicar la calle, de alguna manera –cómo se dice acá en los barrios: de achicar la calle– a esos malos vecinos. Ahora esas traiciones al interior de los mismos barrios, la gestión de su mismo clasismo al interior de los barrios es otra expresión, digamos, de una política que incardina la dimensión macropolítica con la dimensión micropolítica. Entonces, el punitivismo corporativo es también una incardinación de una función micro y de una función macro.

En alguna otra manera, si hacemos el análisis entre los últimos años previo a un gobierno de derecha, de los gobiernos progresistas, vamos a ver qué son los gobiernos progresistas los que se encargaron de robustecer una función micropolítica del punitivismo corporativo por medio de programas sociales, comunitarios, que luego en la dimensión macro iban a ser robustecidas por la derecha. Y así tenemos todo el gobierno de Bachelet que luego deja el campo abierto para que el robustecimiento de la política más punitiva contra las migraciones, como contra los presos, las haga la derecha. Luego después de que termina el primer gobierno de Piñera, volvemos a tener una segunda Bachelet que, por ejemplo, robustece la política migratoria a nivel del fortalecimiento de las organizaciones sociales migrantes, en una clave emprendedora; en una clave de apoyo económico o de reconocimiento productivista de su pertenencia; en una clave sumamente multicultural –para que luego tengamos el segundo gobierno de Piñera y comience con las deportaciones humanitarias. Nuevamente vemos esta especie de anfibología –cómo le denomina Sergio Villalobos-Ruminott, no?– está anfibología esta ambigüedad hace funcionar o sacar provecho productivo a los discursos de integración para poder rentabilizar operatorias funcionales mucho más estrictas a nivel policiaca.

Funciona de manera anfibológica –o sea de manera ambigua. Al mismo tiempo que te dice “te incorporó”, engrosa la frontera. Y ese proceso de engrosamiento de la frontera, es de las fronteras interiores como de las fronteras exteriores. Porque al mismo tiempo que se robustece la política migratoria a nivel macropolítico, se robustecen las políticas de frontera al interior de los barrios más empobrecidos.

Y vemos qué en términos estadísticos, por ejemplo, entre el 2001 y el 2007 en Chile: se declara un modelo intervención en Barrios que conjuga el aparataje comunitario con el policiaco. Fortaleciendo principalmente el comunitario y señalan que entre el 2001 y el 2007 se iban a declarar 11 Barrios Críticos para un mismo modelo de intervención qué es policiaco, pero al mismo tiempo comunitario. Qué es punitivo, pero al mismo tiempo corporativo. Luego entre el 2007 y el 2012 vemos que el crecimiento de esos Barrios Críticos sube al 39 –no lo logran– pero lo logran conseguir ahora recién el 2019. Entonces entre el 2007 y el 2019 suben de 11 barrios críticos a 39, y se proyecta que para el 2022 sean 54 los Barrios Críticos.

Por lo tanto, el modelo intervención sobre la pobreza se robustece en términos, entonces, micro, por medio de un lenguaje de intervención sistémica o ecosistémica de empresarialización, o de corporativización, o de capitalización de las miserias — al mismo tiempo que se acompaña de un incremento de las políticas represivas. Por lo tanto, tenemos ya no solamente –y aquí como para poder saltar el contexto más carcelario–una hipótesis teniendo este diagnóstico de que: el sistema penitenciario se empieza hacer estallar al interior de los penales por medio, por ejemplo, de la reducción de las libertades condicionales. O sea, se trata de incorporar el mismo sistema, o el mismo modelo de ollas a presión, o de implosión de la instituciones, que ya se había aplicado en los barrios, al interior de los penales para declarar la crisis del sistema público penitenciario e incorporar un modelo de privatización mucho más efectiva del que ya se venía desarrollando.

Ahora ese mismo modelo de privatización se acompaña de política de salvación del sistema carcelario y que son como, por ejemplo, el proyecto +r –más reinserción más seguridad, así se denomina– que permite que las trayectorias de reinserción social para los presos sean administradas por capitales privados. Y se inyecten fondos públicos a empresas privadas y transnacionales que cumplan con una función de reinserción social o de benefacción. Por lo tanto, se vuelve a traducir el concepto de derecho por el de beneficio. O sea, se vuelve a instalar una traducción corporativa a un andamiaje político históricamente manejado por la población organizada socialmente.

PAUSA MUSICAL

a María: Eso era Castigo y aislamiento, en que canta Marcelo Villaroel Sepúlveda, preso libertario encarcelado en el estado de Chile. Pato, desde las primeras semanas del mes de mayo, miles de personas se encuentran movilizadas en todas las cárceles de la región chilena. El detonante de las movilizaciones fue la modificación realizada en enero al Decreto 321, que modifica los requisitos para acceder a la libertad condicional. ¿Podrias contextualizar esas movilizaciónes en la continuacion de las últimas dos décadas de lucha anticarcelaria adentro de los penales en los territorios ocupados por el estado de Chile?

Patricio Azócar: Entre el 2001 y el 2019 tenemos tres grandes contextos de huelgas al interior de los penales — que no necesariamente son huelgas abolicionistas. En el 2001 tenemos el incremento de las condenas por casos de robos a la propiedad que lo quiere –como te había contado entonces se van pronunciando por la profundización de la desigualdad en Chile. Por lo tanto, al mismo tiempo que se profundiza la desigualdad se incrementan las condenas para los robos a la propiedad que son parte del 80% de las condenas en el total del sistema penitenciario chileno en el 2001.

Durante el 2001 y el 2012 hay un proceso también de mucha lucha anarquista contra el modelo neoliberal institucional chileno que empieza a politizar de alguna manera la lucha contra el sistema penitenciario. Que ya se venía desarrollando durante los 90s pero que no había tenido el mismo ímpetu que tuvo entre por ejemplo el 2009 y el 2012. Durante los 90s, principalmente las luchas habían sido de grupos políticos que resistieron a la dictadura pero que continuaron la lucha armada contra la transición democrática neoliberal. Esas condenas o esa prisión política se siempre se ha mantenido en una brecha muy distante con respecto a la lucha de los presos sociales — hasta el 2009 y el 2012 dónde la persecución política del estado contra los grupos anarquistas se empieza a profundizar luego de que hay una serie de ataques con bombas al sistema penitenciario chileno. Entre ella el 2008 que cuando muere Mauricio Morales: un compañero anarquista que le estalló una bomba que iba a instalar en la escuela de gendarmería.

Luego del 2008 entre el 2009 y el 2012 se profundiza la lucha contra los movimientos anarquistas anticarcelarios, y se vuelve a poner sobre la discusión política: la alianza entre presos social y preso político y la gran discusión histórica con ¿cuál es la brecha entre los presos políticos y presos sociales? Esa discusión siempre así es una discusión muy frágil, porque por lo menos en Chile hay una distancia importante entre las organizaciones de familiares y amigos de presos sociales, y familiares y amigos de presos políticos.

Por lo tanto, entre el 2009 y el 2012, por ejemplo, está la gran huelga de hambre de los presos de la cárcel de Colina en el 2012 donde aproximadamente 4000 presos se votan todos a huelgas de hambre. Y el principal apoyo a esos presos fue de organizaciones sociales de familiares de presos sociales. No de presos políticos. Y hay un repliegue de las organizaciones y de la agrupaciónes anarquistas hacia sus propios presos y hay una especie de olvido con respeto a los presos sociales — más allá de algunas cartas que se vienen enviando preso político que, en ese momento habían recién cayó en cárcel y que habían sido presos de los 90. Que el famoso caso Security en el que presos políticos importantes de los 90 asaltan un banco y asesinan a un policía y luego los detectan y todo esto. Creo que ahí nuevamente empieza a ponerse en crisis la distancia entre agrupaciones de presos sociales y agrupaciones de presos políticos.

Creo que entre las huelgas del 2012 y el 2019 que pasan también por el incendio de la cárcel de San Miguel en el 2010, las sensibilidades entre esas distintas prácticas abolicionistas empiezan a acercarse un poco más. No obstante –de acuerdo a mi participación a través del colectivo en la lucha anticarcelaria durante la huelga de hambre del 2012 y el acompañamiento de la resistencia al sistema penitenciario después del incendio del 2010– creo que hay una especie de acercamiento o de alianza mucho más efectiva que se genera entre el 2012 y el 2019.

Y estamos de frente actualmente a un momento en el que la alianza entre presos políticos y presos sociales ya se indistingue, y realmente se empiezan a efectivamente a articular ambos lugares de resistencia a las prisiones y se empieza a cuestionar de manera mucho más coordinada este engranaje punitivista corporativo que venía funcionando digamos durante los noventa y durante el 2000.

Por lo tanto, ahora frente a la reducción de las libertades condicionales, que está siendo, que está en proceso, se vuelve a poner sobre discusión la necesidad de atacar y de interrumpir la transformación de lo que habían sido contenedores de excedencia social. Atacar principalmente el proceso de transformación de los contenedores de excedencia social en empresas carcelarias.

Y creo que el diagnóstico con respecto a la mutación del sistema penitenciario, de contenedores a empresas, es la que empieza articular de manera más efectiva la alianza entre presos políticos y presos sociales y, de alguna manera, a hacer una análisis económico-político un poco más sofisticado con respecto a la profundización de este contexto corporativo punitivista. Y en este momento creo que las huelgas de Mayo, por lo menos, han acercado de una manera más efectiva a los distintos grupos, y se proyecta que La Caminata de Lxs Sin Voz que comienza ahora en Agosto también, tenga una repercusión mucho más amplia en el interior de los penales y, de alguna manera, ya quedó demostrado de que se alcanzó con la huelga de mayo en el que, fueron los penales de norte a sur, todos los penales, los que de forma organizada se sincronizaron para generar huelga y motines al interior de los penales.

Por lo tanto, estamos frente a un contexto local donde la imaginación política para poder pensar alianzas entre movimiento abolicionista y movimientos de presos se empiezan a estrechar, en el sentido de que ya es mucho más evidente que el malestar es contra la sociedad empresa que tiene un revestimiento punitivo — que es principalmente la alianza contra la sociedad empresa, lo que empieza a ponerse como el lugar, como espacio de lo común, en la lucha contra el sistema neoliberal chileno.

Y es solamente desde la detección de la sociedad empresa y de la capitalización total de la vida cotidiana qué podemos plantear un análisis efectivo. Y no solamente un análisis sino de acciones coordinadas de apoyo y de sostenimiento anímico frente a la capitalización de la vida cotidiana –detectando la cárcel, digamos, como como lugar de visibilidad de una nueva forma de imaginar la alianza entre empobrecidos distintos.

a María: Bueno. Muchas gracias Pato por sumar hoy y seguro que hablemos pronto.

Patricio Azócar: Bueno, un saludo a todas y todos los compañeros y compañeras que hicieron efectiva la huelga anticarcelaria más importante de los Estados Unidos durante el año pasado; que fueron parte de un impulso vital para poder sostener la revueltas actuales acá en Chile. Por lo tanto, muchas gracias por poder establecer una alianza en esas claves también, de análisis del sistema penitenciario y de sostenimiento de los cuerpos frente a la guerra contra la pobreza.

CREDITOS

Gracias por escuchar a este programa de Rustbelt Abolition Radio, un programa sobre abolicionismo penal basado en Detroit, Michigan. Para escuchar otros programas de Rustbelt Abolition Radio en inglés nos pueden buscar en el siguiente sitio de internet: http://www.rustbeltradio.org. Este programa fue producido por a María, Kaif Syed, y Alejo Stark. La música es de Bad Infinity.