a María: Bienvenides al segundo programa en castellano de Rustbelt Abolition Radio, mi nombre es A. María. En este programa conversamos con Patricio Azócar Donoso sobre los aparatos carcelarios que se despliegan dentro de los territorios que hoy se conocen como Chile — desde la dictadura hasta la llamada transición democrática. Patricio traza tanto la emergencia del punitivismo corporativo que capitaliza la miseria de las poblaciones por medio de sus varios aparatos de control social como también las resistencias que le hacen frente a estos aparatos de administración de la miseria. Pato es Profesor de Filosofía de la UMCE y Magíster en estudios de Género y Cultura de la Universidad de Chile. También es integrante de estudios experimentales Paul Feyerabend y Vitrina Dystopica, un colectivo que empuja con-tactos radiofónicos con aquellas y aquellos que persisten/resisten al estado de crisis global. A continuación, la conversación con nuestro gran compa, Pato Azócar.

a María: Hola Pato! Bienvenido.

Patricio Azócar: Hola A. María.

a María: Aquí estamos en Santiago, en otra polinización cruzada con los colectivos Vitrina Dystopica y Rustbelt Abolition Radio, y hoy nos reunimos para contextualizar las movilicaziones masivas contra el decreto 321 y la eliminacion de la libertad condicional. Para empezar, hablemos sobre el contexto de control social aqui en el sur del sur, ya?

Patricio Azócar: Bueno, yo creo que el contexto de control social actual en Latinoamérica obviamente que está organizado sobre el proceso de las dictaduras a nivel Latinoamericano. Y el contexto de las dictaduras Latinoamericano es una especie de síntoma de una política de modernización estatal y secular de la colonización. Por lo tanto, no se puede comprender sino es por medio de un análisis efectivo de lo que fue la persecución y el asesinato de principalmente grupos mestizos e indígenas durante lo que fueron los primeros años de construcción del estado nación Latinoamericano moderno. La cacería, de alguna u otra forma, de las alianzas entre mestizos e indígenas empobrecidos.

Por lo tanto, el sistema de control que actualmente todavía podemos seguir identificando en toda latinoamérica está atravesado por las dictaduras, en cuánto estás son una expresión de una política de exterminio contra pobres, racializados, y pobres –digamos– socialmente clasificados como tales: el campesino, el indígena y lo que pudo haber sido en algún momento el proletario. Por lo tanto, es un sistema mixto de cacería socialmente organizada contra empobrecidos.

Actualmente, el sistema de transición financiero neoliberal corporativo, organizado por las izquierdas progresistas desde los 90s en adelante, aquello que administró fue justamente la destrucción de las alianzas entre empobrecidos que trataron de imaginar una forma distinta de poder sobrellevar –digamos- la miseria capitalista. En este sentido, lo que se persiguió durante la dictadura y lo que se exterminó, antes que proletarios, antes que indígenas, como tales, entonces, fueron las alianzas políticas que se organizaron entre ellas. Esta viene a conformar un mito de reorganización democrática en el que a esas masas empobrecidas se les trata de sacar la condición de enemigo social y plantearle más bien una alternativa de capitalización de su miseria.

En ese sentido entonces, no hablamos del exterminio o de la guerra declarada contra los pobres sino de un modelo preparado para poder incorporar a los pobres al modelo capitalista. Lo que nos encontramos durante lo que es el 90 hasta la actualidad, yo le llamo una empresa de incardinación, o sea un ensamble entre maquinarias estatales y privadas que, a nivel micropolítico, se insertan en los barrios empobrecidos y en los territorios empobrecidos para generar ciertas oportunidades para que estas personas puedan capitalizar su miseria.

Ahora, todo se capitaliza. Se capitalizan las clases altas, se capitalizan las clases bajas en función de esta capacidad de estos sujetos de poder emprender un proyecto capitalista o una forma de vida capitalista. En este sentido lo que permanentemente se trata de administrar es un modo o una norma de capitalización de la miseria y, en ese caso, se empiezan a perseguir y encarcelar los modos de capitalización de la miseria que estaban un poquito más marginales frente a la norma productiva. Siguiendo lo anterior, el punitivismo pasa a ser el articulador de los discursos de reorganización política a nivel latinoamericano. No se puede entender en Latinoamérica en este caso, entonces, el sistema neoliberal democrático sino es por medio de la incorporación a nivel micro, a nivel escala más territorial, más de las vidas cotidianas del punitivismo.

O sea, el punitivismo es la clave de reorganización social después de las dictaduras. Por lo tanto, el contexto contemporáneo desde el 90 hasta la actualidad, de profundización del sistema financiero se da solamente en función de profundizar un punitivismo corporativo. Y en ese sentido, la articulación de lo público y lo privado, la indistinción entre lo público y lo privado en el devenir de un estado empresa sostenido en el punitivismo como tal.

Y en ese caso, entonces, ¿a qué me refiero en términos más concretos?, de qué se determina que los enemigos externos contra los cuales se luchó durante las dictaduras, que eran principalmente los enemigos políticos, marxistas etcetéra, pasan a mirarse a nivel interior dentro de la sociedades por medio de todas esas clases que no se pueden incorporar al sistema financiero de manera regular. Si no que se pueden incorporar al sistema financiero solamente de forma irregular. Y para ello entonces, quiénes quedan en este ámbito son principalmente trabajadores flexibles que fueron imposibilitados de proletarizarse, una masa gigantesca de trabajadores estatales que fueron, digamos, expulsados de la condición de garantía social y quedaron dando vuelta como masa flotante de trabajadores precarios. Migrantes, que dentro del proceso de reorganización de las democracias latinoamericanas posterior a cada una de las dictaduras empieza a fluctuar, a fluir o a circular por el continente, tratando de buscar un modelo social en el cual incorporarse. Por lo tanto, segundo grupo sería lo migrante. Y en tercer lugar son las infancias y las mujeres.

Ahora, cuál es el vector transversal que una cada uno estos grupos: justamente el de clase. El de ser cuerpos que no han podido normarse de acuerdo al principio de acumulación y de autofinanciación o auto capitalización de su miseria. Esos serías los principales grupos. Y Durante los 90s hasta la actualidad veamos fortalecerse el sistema carcelario y el sistema de persecución también de las migraciones y de la niñez en función de esa misma norma.

Por lo tanto tenemos en el 90 una discusión joven, hasta ahora, por lo menos en el contexto chileno, con respecto a las migraciones que, en Chile por lo menos, todavía el sistema vigente de migraciones está organizado en función de una ley de dictadura.1974: ley de persecución contra el enemigo externo o contra la amenaza del enemigo externo, qué es la ley de seguridad nacional, sigue vigente hasta la actualidad funcionando, al mismo tiempo, que se articula un discurso de libre circulación de poblaciones. Por lo tanto, tenemos un sistema bicéfalo o bífido, con dos cabezas, que articula nuevamente punitivismo y capitalización. Solamente así se puede entender este monstruo latinoamericano.

En segundo lugar, entonces, tenemos también la ley contra la niñez. En Chile en el ’89 se firma el convenio de protección de los derechos del niño pero la única ley que existe durante todo lo que en la transición democrática para fortalecer las garantías de protección a la niñez es: La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Por lo tanto, nuevamente, discursivamente, se protegen los derechos de la niñez pero los derechos solamente son traducidos por medio de un lente penal punitivo.

En el campo entonces de las clases más empobrecidas se oferta un sistema de incorporación por medio del endeudamiento al sistema de capitalización democrático, y todas aquellas poblaciones que quedar sin crédito social: son las que son encarceladas y las que son perseguidas socialmente. Por lo tanto, nuevamente vemos sobre los pobres que no pueden rentabilizar su propia miseria y entonces ser legitimados socialmente –O sea no pueden adquirir crédito social– son encarcelados.

Tenemos tres articulaciones que ahora van a poner sobre el campo de las mujeres, su nuevo objetivo, y lo vemos en la última reforma penal que la que hemos venido nosotros trabajando que tiene que ver con la anulación de las libertades condicionales donde adquiere principal protagonismo, dentro del campo de amenaza social, el tráfico de droga y, en este caso, específicamente, el microtráfico. Y socialmente, quiénes son los sujetos más expuestos al tráfico de drogas? Las mujeres. ¿Por qué? Porque están dentro del campo de la reproducción de un sistema a nivel más micro, en los barrios y en los territorios, empobrecido. Los hombres que estaban presos por el fortalecimiento del sistema penal durante los 90 y los 2000 ahora recae sobre las mujeres que habían quedado en su casa tratando de sostener a los hijos de los presos.

Entonces ya tenemos un sistema que, de alguna manera, totaliza el engranaje punitivo corporativo sobre nuevos enemigos internos que, en este caso, evidentemente son los migrantes, la niñez y las mujeres.

Ahora el contexto que estamos analizando de anulación de las libertades condicionales es específicamente en Chile uno de los más nuevos, de alguna manera, porque es durante el 2019, el año que está vigente, que se empieza recién a legislar sobre la reducción del derecho a la libertad condicional. Históricamente los presos y las presas habían podido optar a su derecho de la libertad condicional; cumpliendo la mitad de la condena y, actualmente, es eso se restringió, y se disminuyó a los dos tercios.

Por lo tanto, tenemos poblaciones que, estando encarceladas actualmente, y con una condena efectiva, van a tener que, para postular a su derecho a libertad condicional pasar mucho más tiempo en la prisión del que les informaron que tenían que cumplir cuando fueron apresados. Porque ese es el otro vector de la reducción de las libertades condicionales: que se dan de manera retroactiva. Y, en este caso, la reducción de las libertades condicionales hace caso a un contexto de inseguridad social que viene a reorganizar los discursos de ultraderecha en un contexto que, durante 20 años, fue administrado por el progresismo neoliberal.

Por lo tanto, se vuelve a generar y a sostener las condiciones de persecución política y de persecución social contra las clases empobrecidas, por medio de una campaña de 20 años de trabajo progresista en los barrios más empobrecidos en los que: a los pobres se les señala que tiene las capacidades de poder incorporarse al sistema, cuando justamente esas condiciones son completamente y socialmente y estructuralmente impedidas.

O sea, esto es una economía del engaño y de la gestión de lo, como dicen los compañeros de Juguetes Perdidos, “de la implosiónes barriales” dónde está ya las vidas privadas, y hacen de las vidas privadas, la vidas íntimas, el nuevo objeto de intervención policial — pero ese objeto intervención policial eminentemente empresarial. ¿Por qué? porque no solamente se hacen incursiones policíacas y solamente se encierra, sino que también se le ofrecen capacidades y posibilidades de emprender, de empresarializar, su vida cotidiana. Por lo tanto, vemos ahí nuevamente el engranaje entre lo público y lo privado pero en la clave eminentemente securitaria.

a María: Y desde esta análisis, cuéntame sobre la dimensiones de la lucha penitenciaria contemporánea aquí en Chile.

Patricio Azócar: Desde el 2000 aproximadamente, en adelante, se empiezan a vivir un nuevo tipo de lucha penitenciaria. De hecho, en el 2000 hay una gran huelga de hambre en contra del endurecimiento de las penas que ya se venían proyectando y elevando en el sentido de que: había mayor cantidad de robos con violencia. En Chile, principalmente, esos robos con violencia son principalmente robo contra la propiedad. Por lo tanto, hay un incremento de la lucha de clases por medio del robo a la propiedad, también entendiendo de que chile es uno de los países con una brecha de desigualdad más grande de toda Latinoamérica — y donde el modelo neoliberal se profundizó y se sofisticó de manera mucho más avanzada. Por lo tanto, es en el 2000, que al mismo tiempo un momento de cúspide de los progresismos neoliberales cuando se empieza a perseguir y endurecer las penas contra los robos contra la propiedad.

Bueno, se empiezan a desatar las huelgas masivas al interior de los penales más grandes. Sin embargo, a través de esas mismas huelgas es que se empiezan a acondicionar el ambiente de inseguridad social y de estigmatización de las y los presos, en este caso. Se acompaña el robustecimiento de la democracia neoliberal por medio de discursos de estigmatización cada vez más pronunciado contra las clases empobrecidas. O sea, son, en términos más concretos aún, son los progresivos neoliberales los que profundizan la despolitización de la crítica contra los sistemas penitenciarios. Y el mismo tiempo en el que se despolitiza, se inserta en nivel micro político un sentimiento de inseguridad social, cada vez más ampliado. De alguna otra forma se democratiza el sentimiento de inseguridad y de despolitización con respecto a una expresión sintomática de la lucha de clases en Latinoamérica. Y que está dada visualmente por la desigualdad social entre ricos y pobres. Bueno,serán los progresismos neoliberales los que se encargan, entonces, por medio de los medios de comunicación, ampliar el sentimiento de inseguridad y rentabilizar a nivel micro las tensiones al interior de los barrios, entre buenos pobres y malos pobres

Podríamos decir que las primeras huelgas carcelarias que inicia la década de los 2000 son, de antemano, una expresión, de una nueva forma de gobernar la pobreza — o las miserias. Para ser más estricto, entendiendo el carácter más heterogéneo de las pobrezas. Sobre todo comprendiendo de que estas pobrezas se empiezan a diversificar también, porque empiezan a adquirir mayor cantidad de características particulares. Se empieza a dar cuenta de que la población es que estaba haciendo encarcelada, por ejemplo, en su mayoría eran Mapuches… Clase, obviamente lo más empobrecida de toda la sociedad. Pero, al mismo tiempo, que se empieza a ampliar el discurso de integración y de protección contra estas clases que empiezan a adquirir características más particulares se empieza también a diversificar el lenguaje de criminalización.

O sea, el mismo tiempo que los progresismos cambian sus retóricas inclusivas y multiculturales, es que se empieza también a sofisticar el punitivismo que en dictadura había estado focalizado sobre un único sujeto, que sería el sujeto izquierda pobre y que, en este caso, ya pasa– deja de ser de izquierda y empieza a tener matices racializados. Porque la población encarcelada empieza hacer distinguida e identificada como, por ejemplo, población indígena o población migrante racializada. Entendiendo que, durante los noventa, la migración en Chile fue principalmente migración Peruana y Boliviana. Por lo tanto, es esa migración la que empieza hacer estigmatizada. Y alimentar también un concepto de seguridad social más racializada, donde se empieza a fortalecer un concepto de identidad Chilena, blanca principalmente, y emprendedora. Porque, en este caso, Peruanos y Bolivianos no simplemente eran tachados como enemigos externos por el hecho de que robaban, sino porque también se les adjudicaba la condición de flojos.

Por tanto, se alimenta –no solamente la racialización– sino que también se financiariza o productiviza, la racialización. Y en ese tiene sentido podríamos pensar que: es la racialización un plusvalor, digamos, de la producción masiva de pobres a nivel local. Y nuevamente vemos el enganche de una máquina punitivista corporativa que, vuelvo a recalcar, se racializa, pero al mismo tiempo, se plusvaloriza esa diferencia, por medio de la inyección de odio social a nivel micro. Y las policías van a poder justificar su retirada, de ciertos contextos, en tanto las poblaciones de esos mismos territorios ya habían introyectado la función policiaca, de guerra, de persecución…

Durante los 2000 hasta la actualidad, vemos el incremento, por ejemplo, de casos de detenciones ciudadanas. Dónde es la misma población ciudadana la que, en términos preventivos, ataca en la vía pública a cuerpos portadores, posiblemente, de un daño o de una capacidad de infligir daño, y que son esas poblaciones que, en términos muy performativos, en términos de su apariencia, calzan con un estereotipo de peligrosidad. Por eso también vemos durante el 2010 en delante, un incremento de esas detenciones ciudadanas, y en el mismo tiempo un incremento de un empoderamiento social por medio no solamente la capacidad capitalizar su miseria — sino también de capitalizar su función policiaca o de orden, a nivel micro. Y ahí nuevamente vemos una conjunción punitivista corporativa pero a nivel del campo de la subjetividad y del campo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Segunda expresión, entonces, de un punitivismo corporativo

Esto también va de la mano de proyectos de intervención en barrios, vemos que en el 2001 comienza los modelos de intervención en barrios que comienzan a problematizar la intervención eminentemente policiaca que había caracterizado a la dictadura. Es la democracia la que cuestiona el modelo de intervención en los barrios por medio solamente la acción violenta de la policía. Se acompaña esa crítica o ese giro virtuoso de la crítica, se acompaña por medio de discursos de empoderamiento social, de empoderamiento comunitario, en el que se empiezan a inyectar fondos para poder fortalecer buenos vecinos capaces de denunciar y achicar la calle, de alguna manera –cómo se dice acá en los barrios: de achicar la calle– a esos malos vecinos. Ahora esas traiciones al interior de los mismos barrios, la gestión de su mismo clasismo al interior de los barrios es otra expresión, digamos, de una política que incardina la dimensión macropolítica con la dimensión micropolítica. Entonces, el punitivismo corporativo es también una incardinación de una función micro y de una función macro.

En alguna otra manera, si hacemos el análisis entre los últimos años previo a un gobierno de derecha, de los gobiernos progresistas, vamos a ver qué son los gobiernos progresistas los que se encargaron de robustecer una función micropolítica del punitivismo corporativo por medio de programas sociales, comunitarios, que luego en la dimensión macro iban a ser robustecidas por la derecha. Y así tenemos todo el gobierno de Bachelet que luego deja el campo abierto para que el robustecimiento de la política más punitiva contra las migraciones, como contra los presos, las haga la derecha. Luego después de que termina el primer gobierno de Piñera, volvemos a tener una segunda Bachelet que, por ejemplo, robustece la política migratoria a nivel del fortalecimiento de las organizaciones sociales migrantes, en una clave emprendedora; en una clave de apoyo económico o de reconocimiento productivista de su pertenencia; en una clave sumamente multicultural –para que luego tengamos el segundo gobierno de Piñera y comience con las deportaciones humanitarias. Nuevamente vemos esta especie de anfibología –cómo le denomina Sergio Villalobos-Ruminott, no?– está anfibología esta ambigüedad hace funcionar o sacar provecho productivo a los discursos de integración para poder rentabilizar operatorias funcionales mucho más estrictas a nivel policiaca.

Funciona de manera anfibológica –o sea de manera ambigua. Al mismo tiempo que te dice “te incorporó”, engrosa la frontera. Y ese proceso de engrosamiento de la frontera, es de las fronteras interiores como de las fronteras exteriores. Porque al mismo tiempo que se robustece la política migratoria a nivel macropolítico, se robustecen las políticas de frontera al interior de los barrios más empobrecidos.

Y vemos qué en términos estadísticos, por ejemplo, entre el 2001 y el 2007 en Chile: se declara un modelo intervención en Barrios que conjuga el aparataje comunitario con el policiaco. Fortaleciendo principalmente el comunitario y señalan que entre el 2001 y el 2007 se iban a declarar 11 Barrios Críticos para un mismo modelo de intervención qué es policiaco, pero al mismo tiempo comunitario. Qué es punitivo, pero al mismo tiempo corporativo. Luego entre el 2007 y el 2012 vemos que el crecimiento de esos Barrios Críticos sube al 39 –no lo logran– pero lo logran conseguir ahora recién el 2019. Entonces entre el 2007 y el 2019 suben de 11 barrios críticos a 39, y se proyecta que para el 2022 sean 54 los Barrios Críticos.

Por lo tanto, el modelo intervención sobre la pobreza se robustece en términos, entonces, micro, por medio de un lenguaje de intervención sistémica o ecosistémica de empresarialización, o de corporativización, o de capitalización de las miserias — al mismo tiempo que se acompaña de un incremento de las políticas represivas. Por lo tanto, tenemos ya no solamente –y aquí como para poder saltar el contexto más carcelario–una hipótesis teniendo este diagnóstico de que: el sistema penitenciario se empieza hacer estallar al interior de los penales por medio, por ejemplo, de la reducción de las libertades condicionales. O sea, se trata de incorporar el mismo sistema, o el mismo modelo de ollas a presión, o de implosión de la instituciones, que ya se había aplicado en los barrios, al interior de los penales para declarar la crisis del sistema público penitenciario e incorporar un modelo de privatización mucho más efectiva del que ya se venía desarrollando.

Ahora ese mismo modelo de privatización se acompaña de política de salvación del sistema carcelario y que son como, por ejemplo, el proyecto +r –más reinserción más seguridad, así se denomina– que permite que las trayectorias de reinserción social para los presos sean administradas por capitales privados. Y se inyecten fondos públicos a empresas privadas y transnacionales que cumplan con una función de reinserción social o de benefacción. Por lo tanto, se vuelve a traducir el concepto de derecho por el de beneficio. O sea, se vuelve a instalar una traducción corporativa a un andamiaje político históricamente manejado por la población organizada socialmente.

PAUSA MUSICAL

a María: Eso era Castigo y aislamiento, en que canta Marcelo Villaroel Sepúlveda, preso libertario encarcelado en el estado de Chile. Pato, desde las primeras semanas del mes de mayo, miles de personas se encuentran movilizadas en todas las cárceles de la región chilena. El detonante de las movilizaciones fue la modificación realizada en enero al Decreto 321, que modifica los requisitos para acceder a la libertad condicional. ¿Podrias contextualizar esas movilizaciónes en la continuacion de las últimas dos décadas de lucha anticarcelaria adentro de los penales en los territorios ocupados por el estado de Chile?

Patricio Azócar: Entre el 2001 y el 2019 tenemos tres grandes contextos de huelgas al interior de los penales — que no necesariamente son huelgas abolicionistas. En el 2001 tenemos el incremento de las condenas por casos de robos a la propiedad que lo quiere –como te había contado entonces se van pronunciando por la profundización de la desigualdad en Chile. Por lo tanto, al mismo tiempo que se profundiza la desigualdad se incrementan las condenas para los robos a la propiedad que son parte del 80% de las condenas en el total del sistema penitenciario chileno en el 2001.

Durante el 2001 y el 2012 hay un proceso también de mucha lucha anarquista contra el modelo neoliberal institucional chileno que empieza a politizar de alguna manera la lucha contra el sistema penitenciario. Que ya se venía desarrollando durante los 90s pero que no había tenido el mismo ímpetu que tuvo entre por ejemplo el 2009 y el 2012. Durante los 90s, principalmente las luchas habían sido de grupos políticos que resistieron a la dictadura pero que continuaron la lucha armada contra la transición democrática neoliberal. Esas condenas o esa prisión política se siempre se ha mantenido en una brecha muy distante con respecto a la lucha de los presos sociales — hasta el 2009 y el 2012 dónde la persecución política del estado contra los grupos anarquistas se empieza a profundizar luego de que hay una serie de ataques con bombas al sistema penitenciario chileno. Entre ella el 2008 que cuando muere Mauricio Morales: un compañero anarquista que le estalló una bomba que iba a instalar en la escuela de gendarmería.

Luego del 2008 entre el 2009 y el 2012 se profundiza la lucha contra los movimientos anarquistas anticarcelarios, y se vuelve a poner sobre la discusión política: la alianza entre presos social y preso político y la gran discusión histórica con ¿cuál es la brecha entre los presos políticos y presos sociales? Esa discusión siempre así es una discusión muy frágil, porque por lo menos en Chile hay una distancia importante entre las organizaciones de familiares y amigos de presos sociales, y familiares y amigos de presos políticos.

Por lo tanto, entre el 2009 y el 2012, por ejemplo, está la gran huelga de hambre de los presos de la cárcel de Colina en el 2012 donde aproximadamente 4000 presos se votan todos a huelgas de hambre. Y el principal apoyo a esos presos fue de organizaciones sociales de familiares de presos sociales. No de presos políticos. Y hay un repliegue de las organizaciones y de la agrupaciónes anarquistas hacia sus propios presos y hay una especie de olvido con respeto a los presos sociales — más allá de algunas cartas que se vienen enviando preso político que, en ese momento habían recién cayó en cárcel y que habían sido presos de los 90. Que el famoso caso Security en el que presos políticos importantes de los 90 asaltan un banco y asesinan a un policía y luego los detectan y todo esto. Creo que ahí nuevamente empieza a ponerse en crisis la distancia entre agrupaciones de presos sociales y agrupaciones de presos políticos.

Creo que entre las huelgas del 2012 y el 2019 que pasan también por el incendio de la cárcel de San Miguel en el 2010, las sensibilidades entre esas distintas prácticas abolicionistas empiezan a acercarse un poco más. No obstante –de acuerdo a mi participación a través del colectivo en la lucha anticarcelaria durante la huelga de hambre del 2012 y el acompañamiento de la resistencia al sistema penitenciario después del incendio del 2010– creo que hay una especie de acercamiento o de alianza mucho más efectiva que se genera entre el 2012 y el 2019.

Y estamos de frente actualmente a un momento en el que la alianza entre presos políticos y presos sociales ya se indistingue, y realmente se empiezan a efectivamente a articular ambos lugares de resistencia a las prisiones y se empieza a cuestionar de manera mucho más coordinada este engranaje punitivista corporativo que venía funcionando digamos durante los noventa y durante el 2000.

Por lo tanto, ahora frente a la reducción de las libertades condicionales, que está siendo, que está en proceso, se vuelve a poner sobre discusión la necesidad de atacar y de interrumpir la transformación de lo que habían sido contenedores de excedencia social. Atacar principalmente el proceso de transformación de los contenedores de excedencia social en empresas carcelarias.

Y creo que el diagnóstico con respecto a la mutación del sistema penitenciario, de contenedores a empresas, es la que empieza articular de manera más efectiva la alianza entre presos políticos y presos sociales y, de alguna manera, a hacer una análisis económico-político un poco más sofisticado con respecto a la profundización de este contexto corporativo punitivista. Y en este momento creo que las huelgas de Mayo, por lo menos, han acercado de una manera más efectiva a los distintos grupos, y se proyecta que La Caminata de Lxs Sin Voz que comienza ahora en Agosto también, tenga una repercusión mucho más amplia en el interior de los penales y, de alguna manera, ya quedó demostrado de que se alcanzó con la huelga de mayo en el que, fueron los penales de norte a sur, todos los penales, los que de forma organizada se sincronizaron para generar huelga y motines al interior de los penales.

Por lo tanto, estamos frente a un contexto local donde la imaginación política para poder pensar alianzas entre movimiento abolicionista y movimientos de presos se empiezan a estrechar, en el sentido de que ya es mucho más evidente que el malestar es contra la sociedad empresa que tiene un revestimiento punitivo — que es principalmente la alianza contra la sociedad empresa, lo que empieza a ponerse como el lugar, como espacio de lo común, en la lucha contra el sistema neoliberal chileno.

Y es solamente desde la detección de la sociedad empresa y de la capitalización total de la vida cotidiana qué podemos plantear un análisis efectivo. Y no solamente un análisis sino de acciones coordinadas de apoyo y de sostenimiento anímico frente a la capitalización de la vida cotidiana –detectando la cárcel, digamos, como como lugar de visibilidad de una nueva forma de imaginar la alianza entre empobrecidos distintos.

a María: Bueno. Muchas gracias Pato por sumar hoy y seguro que hablemos pronto.

Patricio Azócar: Bueno, un saludo a todas y todos los compañeros y compañeras que hicieron efectiva la huelga anticarcelaria más importante de los Estados Unidos durante el año pasado; que fueron parte de un impulso vital para poder sostener la revueltas actuales acá en Chile. Por lo tanto, muchas gracias por poder establecer una alianza en esas claves también, de análisis del sistema penitenciario y de sostenimiento de los cuerpos frente a la guerra contra la pobreza.

CREDITOS

Gracias por escuchar a este programa de Rustbelt Abolition Radio, un programa sobre abolicionismo penal basado en Detroit, Michigan. Para escuchar otros programas de Rustbelt Abolition Radio en inglés nos pueden buscar en el siguiente sitio de internet: http://www.rustbeltradio.org. Este programa fue producido por a María, Kaif Syed, y Alejo Stark. La música es de Bad Infinity.

a María: Welcome to the second Spanish program of Rustbelt Abolition Radio, my name is A. María. In this program we speak with Patricio Azócar Donoso about the carceral apparatuses that have unfurled since the dictatorship to the so called democratic transition in the territories today known as Chile. Patricio traces both the emergence of a corporate punitivism that capitalizes on the immiseration of populations through various apparatuses of social control as well as the many forms of resistance that challenge these administrative apparatuses of misery. Patricio is a professor of philosophy at the UMCE and received a masters in “gender studies and culture” from the University of Chile. He is also part of the experimental studies “Paul K. Feyerabend” group and Vitrina Dystópica — a collective that generates radiophonic encounters with all those who persist/resist the state of global crisis. In what follows, here is our conversation with our compa, Pato Azócar.

a María: Hi Pato! Welcome.

Patricio Azócar: Hello A. María!

a María: Here we are in Santiago in another cross-pollinating encounter between the collectives Vitrina Dystópica and Rustbelt Abolition Radio; and today we meet to contextualize the massive mobilizations against Decree #321 and the elimination of probation-parole [libertad condicional]. To start off, let’s talk about historical context of social control here in the south of The South?

Patricio Azócar: Well I think that the current context of social control in Latin America is obviously organized through the various processes undertaken by the dictatorships in the continent. And the context of the dictatorships in Latin America is a sort of symptom of a certain politics of secular state modernization of colonization. As such, we cannot comprehend these processes if it is not through an effective analysis of the persecution and assasination of indigenous and mestizo groups that was undertaken in the first years of the modern Latin American nation-state. That is, the hunting down [la cacería], in one way or another, of these alliances between mestizos and impoverished indigeneous people.

As such, the systems of control that we can actually still identify throughout Latin America are still penetrated by the dictatorships in so far as these are an expression of a politics of extermination of the poor, of those racialized, as well as the poor, let’s say, socially classified as such — the peasants, the indigeneous and that which at some point could have been called the proletariat. Therefore, it is a mixed system of hunt, of cacería, that is socially organized against the impoverished.

Today, this transitional system, this financial corporate neoliberal system that was put together by the various elements of the progressive left since the 1990’s … what this precisely came to administer was the destruction of the alliances between those impoverished that tried to imagine a different form of enduring, let’s say, the capitalist misery they faced. In this sense, what was persecuted during the dictatorships, and what they ended up exterminating, was, before the proletariat, were the political alliances that were organized within it. It is here that a myth of democratic reorganization is put forth through which these impoverished masses no longer occupy a position of being the “social enemies” and are rather posed with a supposed “alternative” capitalization of their misery.

In this sense, today we are not speaking of extermination of or a declaration of war against the poor, but rather a kind of model that is prepared to incorporate the poor to the capitalist model. What we find in the 1990’s and up until our present, is what I call an enterprise of incardination [empresa de incardinación], that is, a kind of ensemble between state and private machines that, at a micropolitical level, insert themselves in the impoverished neighborhoods and in the impoverished territories to create certain opportunities for these people to capitalize on their misery.

Today, everything is capitalized. The upper classes capitalize themselves, and the lower classes capitalize themselves in so far as these subjects can become their own entrepreneurs either through their own capitalist projects or through a capitalist form of life. In this sense, what is attempted to be permanently administered is a kind of mode or norm of capitalization of misery and, in this case, you begin to persecute and incarcerate those who are a bit more marginalized in relation to the productive norm. Following this line, punitivism becomes a way to articulate the various discourses of political reorganization throughout Latin America. One cannot understand, in Latin America specifically, the neoliberal democratic system but through its mode of incorporation — at the micro level, in a scale of these various territories, and the level of everyday forms of punitivism.

That is, punitivism is the key mode of social reorganization in the wake of the dictatorships. As such, the contemporary context — since the 1990s’ until today — is one of a deepening financialization of life which comes through as a deepening corporate punitivism. In that sense, the articulation between the public and the private, the indistinction between the public and the private, emerges through a corporate state [estado empresa] that is sustained through punitivism as such.

In this case, then, what am I referring to concretely? That there is a certain shift between what was determined to be the external enemies against which the state fought against during the dictatorships — mostly political enemies, marxists, etc. — this enemy then shifts to be read as an enemy that is within societies as a conglomerate of classes that cannot incorporate themselves within the financial system through regular means. If these cannot incorporate themselves to the financial system through regular means they can only incorporate themselves through irregular means. And in this sense, those who remain outside this regular form of incorporation are mostly flexible workers who were not proletarianized, that is, a gigantic mass of state workers that were, let’s say, pushed off the usual conditions of social safety and become a class of floating population of workers in really precarious conditions. Migrants, for example, who in relation to the democratic processes of reorganization in the wake of each one of the Latin American dictatorships began to fluctuate, that is, to flow and circulate through the continent, attempting to find a kind of social model that they can incorporate themselves into. Therefore, the second kind of these “groups” would be that of migrants. Thirdly, we have children and women.

Now, what cuts through each one of these groups is precisely that of class. That is, of being bodies that cannot be normed according to the principles of accumulation and self-financialization or self-capitalization of their misery. These would be the main groups. And during the 1990’s until today, we see a strengthening of the carceral system and the persecution system also of migrants and children that function with such a normalizing logic.

Therefore we have in the 90’s a sort of new discussion, for now, in the Chilean context, around migrations, that at least in Chile the existing migration system is still dictated by laws instituted during the dictatorship. The law is that of “persecution of external enemies” or “against the threat of an external enemy,” which is the national security law, and it’s still valid today. At the same time, though, we have the articulation of a discourse of “free circulation” of people. Therefore, we have a sort of bicephalic or bifid system, that is, with two heads, that articulates, once again, punitivism and capitalization. It is only this way that we can understand this Latin American monster.

Secondly, we also have this law against childhood. In 1989, in Chile, the agreement on the protection of the rights of children is signed into law, but the only law that exists during the entire process of the democratic transition that is operative to strengthen the protection of children is “The Law of Adolescent Penal Responsibility.” Therefore, again, we have an instance in which, discursively, the rights of children are protected but only in so far as they can be translated through a kind of penal-punitive lens.

In relation to the more impoverished classes, then, we have a system of incorporation to the system of democratic capitalization via debt mechanisms. These populations as well as all those others who have no “social credit” are the ones that end up incarcerated and persecuted. Therefore, once again we see that

So we have these three articulations that now are going to be deployed on the bodies of women, and we see this for example with the latest penal reforms that we have been analyzing which have to do with the annulment of probation-parole. It is here that the reform becomes quite important, in relation to the kind of threats to the social order, drug trafficking, and in this case specifically, “micro” drug trafficking. Socially speaking, who are the subjects that are most exposed to drug trafficking? Women. Why? Because they are part of a reproductive sphere the system at the micro level — in the impoverished barrios and in the territories. The force that fell on the men that were locked up due to the beefing up of the penal system during the 1990’s and 2000’s now falls on the women who stayed home trying to provide for the children of those incarcerated.

We have now a system that, in one way or another, totalizes and deploys the punitive and corporative apparatus onto new internal enemies — migrants, children and women.

The context that we are now analyzing — the annulment of parole specifically in Chile — is quite novel, in some ways, because during 2019, this same year, is when it goes into effect and begins to legislate over the right to being put on parole. Historically, prisoners have been able to opt for or against parole, that is, by doing half of your sentence, and today this is being restricted and has been reduced to two-thirds of the sentence.

Therefore, we have populations that, those that are currently incarcerated and have been sentenced, they will have to – if they now want to request being paroled- they will have to wait a lot longer in prison than what they were previously told when they were imprisoned. This is another vector in the increase in the number of years needed for parole– they are being implemented retroactively. And, in this case, reducing the number of parolees is related to a context of social insecurity which has come to reorganize the various discursive articulations of the far right and coexists with a context that, for twenty years now, has been administered by neolibreral progressives.

Therefore, there is once again a re-emergence of the conditions of political and social persecution against the impoverished classes — through a twenty-year long campaign sustained by the work of progressives within the most impoverished neighborhoods in which those within these territories are told that they have the capacity to incorporate themselves to the system, while at the same time these conditions of incorporation are completely socially and structurally prohibited.

That is, this is an economy of deceit and of managing — like the compas of the collective Juguetes Perdidos call it– “the implosions of the barrios” where there is already a kind of privatized life, and these private lives, these intimate lives, become objects of police intervention, but that same object of police intervention is eminently entrepreneurial. Why? Because not only are there police incursions into these territories that end up locking people up, but there is also a kind of offer that is made to develop certain capacities and opportunities of becoming entrepreneurs, of corporatizing, in a way, their everyday life. Hence we see here once again the coupling of the various apparatuses, between the public and the private, but now in an eminently security-oriented discourse.

a María: And given this analysis, tell me about the various dimensions of the contemporary prison struggles here in Chile.

Patricio Azócar: Since the year 2000 on, more or less, there is a new type of prison struggle that emerges. In fact, in 2000 there was a huge hunger strike against the tougher and longer sentences that were being handed out due to an argument based on the higher rates of violent crimes. In Chile, for the most part, these are violent property thefts. They are property crimes. As such, there is an intensification of class struggle through the means of property crimes; while also understanding that Chile is one of the countries with one of the largest inequality gap in Latin America, and where the neoliberal model has deepened and has become ever more sophisticated and advanced. Therefore, it is in the year 2000, that at the same time when we have the pinnacle of progressive neoliberalism that we begin to get tougher sentences on property crimes.

Well, so we have the unleashing of massive strikes within the largest prisons in Chile. Nonetheless, it is through these same strikes that the atmosphere of social insecurity and of stigmatization of those incarcerated is being conditioned. So the strengthening of neoliberal democracy via these discourses of stigmatization becomes ever more pronounced against the impoverished classes. That is, in even more concrete terms, it is the neoliberal progressives who have deepened the depoliticization of the critique against the penal systems. And at the same time that this is depoliticized, you have the insertion, in a micropolitical level, of a feeling of insecurity in an ever more expanded sense. In one way or another, this feeling of insecurity is democratized and so is depoliticization can be read in relation to, as a symptomatic expression of class struggle in Latin America. And that this is visually given by the social inequality between the rich and the poor. So well, it is the neoliberal progressives that will be in charge, therefore, through mass media, of amplifying this feeling of insecurity and also benefit from the micro-level tensions in the barrios– between the “good” poor people and the “bad” poor people.

We can say that the first prison strikes that began in the first decades of the 2000’s, before anything else, an expression of, and a certain mode of governing over poverty (or the various forms of misery). To be more strict, understanding the heterogeneous character of poverty. More than anything, understanding that poverty (or poverties, in the plural) also begin to diversify, because they begin to acquire an even higher amount of particular characteristics. It begins to be shown, that the population that is being incarcerated, for example, in large part are Mapuches….A class, of course, that is the most impoverished in the entire society. But, at the same time that we start seeing an expansion of the discourse of integration and integration of these classes, against these classes, which are also acquiring more particular characteristics, that we also start seeing a diversification of the language of criminalization.

That is, at the same time that the progressives change their rhetoric of inclusivity and multiculturalism, is also when we evidence a sophistication of punitivism that during the dictatorship had mostly been focused on a single subject — that of a leftist impoverished subject — and today, in this case, now passes, or rather, it stops being “leftist” and it acquires a racialized character. For example, this is because the incarcerated population begins to be distinguished and identified as, for example, an indigeneous population or a racialized migrant population — understanding that during the 1990’s migration to Chile was predominantly from Peru and Bolivia. As such, it is these migrants that begins to be stigmatized. There is also a strengthening of a concept of securitizing logic that is more racialized, where there is a strengthening of a concept of Chilean identity, which is primarily white and entrepreneurial. So Peruvians and Bolivians are not simply marked as external enemies because of property crimes but also because they were judged to be lazy.

So there is this fueling of — not just racialization — but also there is a way in which racialiation itself becomes financialized and productivist. And in this sense we can think that racialization is a surplus-value, let’s say, of the massive production of local poverty. And so again we see the coupling of this corporative punitivist machine that, I want to emphasize again, becomes racialized, but at the same time it extracts a surplus-value from such difference, through an injection of social hatred at the micro level. And then police — in the plural — can then justify their withdrawal from those very same territories that have been inoculated with policing functions, with wars, with persecutions….

From the 2000’s on, we see an increase, for example, of citizen arrests. It is the very “citizens” themselves who, in pre-emptive terms, attacks in the public sphere all those who might or have the capacity to inflict harm on others and it is those same populations that, in very performative terms, in terms of their appearance for example, have reached a certain degree of threatening aspects.This is also why, from 2010 on, we see an increase in citizen arrests, and at the same time we see an increase in a kind of social empowerment not only through the means of capitalizing their misery — but also capitalizing their policing function, their capacity to maintain order, at the micro level. And it is there once again that we see a conjunction between this corporative punitivism but now at the level of subjectivity, at the level of everyday life of the citizenry. This is the second expression, therefore, of corporate punitivism.

This goes hand-in-hand with various projects of interventions into the barrios, we see that in 2001 there is an emergence of models of intervention in neighborhoods that begin to problematize the eminently police-based intervention that had so strongly characterized the years of the dictatorship. It is the demoractic order then that questions this model of intervention in the barrios — that is, a model based solely on the violent interventions by the police. As such, the critique of this model, or a kind of virtuous turn of the critique, is accompanied with a series of discourses of social empowerment, of communitarian empowerment, which are injected by funds which can strengthen the “good neighbor” dynamic, that is, of neighbors that are capable of denouncing and therefore weakening “the streets,” so to speak– that is denouncing the “bad” neighbors. Now these kinds of betrayals within the barrios, this managing of its own classism internal to the barrios is another expression of, let’s say, of a politics that incardinates or ties together the macropolitical with the micropolitical. Therefore, corporate punitivism is also a kind of incardination of micro-level function with a macro-level function.

In one way or another, if we do this analysis about the last years — that is, before the emergence of right-wing government — we will see that the progressive governments were the ones in charge of strengthening this micropolitical function of corporate punitivism through all kinds of social programs –communitarian ones–that would later be, at a macro level, strengthened by the right-wing government today. And so we have that the government of Bachelet opens the way for, opens the field for, the strengthening of this punitivist logic against migrants , against those imprisoned, that the right wing carried out. After we have have Piñera’s government, we have another round of Bachelet, that for example, strengthens migration policies by empowering pro-migrant social organizations through this kind of entrepreneurial empowerment; that is, as a kind of economic support or of a recognition of their productive capacities; this is also a very multicultural tendency. We then have the second government of Piñera which starts the “humanitarian” deportations. So again we see this kind of amphibology — as Sergio Villalobos-Ruminott calls it, right? — this amphibology, this ambiguity that puts into work, or derives a certain productive benefit from the discourses of integration to then make feasible other operations, much more strict ones — that is, the policing ones.

And so it works through this amphibology, which is to say, in an ambiguous manner. At the same time that they tell you “we will incorporate you,” integrate you, they strengthen the borders. It is this process of beefing up the borders. The internal borders as well as exterior borders. Because at the same time that the migration policies are toughened at the macro-political level, we also have the strengthening of the borders within the most impoverished neighborhoods.

And so we see that in statistical terms, for example, between 2001 and 2007 in Chile that a model of intervention within the barrios becomes effective, a model which combines the communitarian apparatus with the policing apparatus. It strengthens, predominantly, the communitarian model. And some point out that between 2001 and 2007 eleven neighborhoods were declared “Critical Neighborhoods” for that model which is, at the same time, both police-based and community-based. A model that is both punitivist but also corporate. Then, between 2007 and 2012, we see an increase in the number of “Critical Neighborhoods.” The number increases to 39. They don’t achieve it but they end up achieving this by 2019. So between 2007 and 2019 we have an increase of this denomination of certain barrios as “Critical Neighborhoods” from 11 to 39. And it is projected that by 2022 there will be 54 Critical Neighborhoods.

Therefore, this model of intervention as it relates to poverty is strengthened in terms, therefore, at the micro level –through this language of a systemic intervention or ecosystemic as entrepreneurial, or corporate, or of capitalizing misery — while at the same time this is accompanied with a strengthening of a repressive policies. As such, we have now have not only — and here we can now jump to the more strictly carceral context — a hypothesis that makes a diagnosis that the penitentiary system begins to implode through, for example, annulment or reduction of parole. That is, it tries to incorporate the same system, or the same pressure-cooker model, of the implosion of the institutions, that we have already seen in the neighborhoods, that is now within prisons to then declare that the penitentiary system is in crisis and then put forth a privatized system that is much more effective than the one they had been developing.

Now this very same model of privatization is accompanied by an attempt to save the carceral system, and this is — for example the +R project [Proyecto +R], that is, more reinsertion policies, that’s how it calls itself, which allows for various paths of “social reintegration” for those incarcerated which would be managed by private capital. And so there’s an injection of public funds to private companies, transnationals, so that they might take on the function of social reintegration programs. Therefore, once again, the concept of “rights” is translated into “benefits.” That is, once again there is this set up that translates the political framework that was once historically managed by socially organized populations into a corporate terms.

MUSICAL INTERLUDE

a María: That was Castigo y aislamiento sung by Marcelo Villaroel Sepúlveda, a libertarian prisoner that was incarcerated by the Chilean state. Pato, since the first few weeks of May, thousands of people within Chilean prisons have mobilized. What triggered these mobilizations were the changes made to Decree 321 this past January. These changes modify the requirements for attaining parole. Can you contextualize for us these mobilizations in relation to the continued anti-carceral struggles within prisons in the territories today occupied by the Chilean State?

Patricio Azócar: Between 2001 and 2019, there are three main strikes within prisons that are not necessarily abolitionist. In 2001 we have a toughening of the sentences of property crimes which, as I mentioned to you earlier, are intensified due to the growing social inequality in Chile. So at the same time that there is a growth of inequality there are tougher sentences for property crimes — which, for the year 2001, is the crime for which 80% of those imprisoned by the Chilean penitentiary system were sentenced.

Between 2001 and 2012 there is also an intense process of anarchist struggle against the neoliberal institutional model and which also begins to politicize, in one way or another, the struggle against the penitentiary system. This is a process that had already been developing during the 90’s but back then it didn’t have the vigor that it had, for example, between 2009 and 2012. In the 90’s the struggles were mostly waged by political groups that resisted the dictatorship and that then continued their armed struggle against the neoliberal democratic transition period. There has always been certain gap between these kinds of sentences, that of “political prisoners,” and the struggles of “social prisoners” — this will last until between 2009 and 2012 where the political persecution by the state against anarchist groups intensifies in the wake of a series of bombings perpertrated against the chilean penintentiary system. In the midst of that, in 2009, is when Mauricio Morales died — an anarchist comrade who was killed by a bomb that unexpectedly blew up before he got to place it at a training place for officers of the armed national prison service [la gendarmeria].

After 2008 — in the years between 2009 and 2012 — the struggle against anti-carceral anarchist movements intensifies and the great historical political discussion opens up once again, that alliance between the “social” prisoners and the “political” prisoner, the question being: what is the gap that exists between social prisoners and political prisoners? This discussion is always very difficult — very fragile– mostly because at least in Chile there is a huge gap between those organizations of family members and friends of “social” prisoners, and those organizations of friends and family members of “political” prisoners.

Therefore, between 2009 and 2012, for example, there is a huge hunger strike by those incarcerated in the Colina prison in 2012 in which approximately 4000 prisoners vote for a hunger strike. The main avenue of support for those prisoners was from organizations composed by family members of social prisoners. That is, not “political” prisoners. And so there is a fall back by the anarchist groups and organizations towards their own prisoners and there is a kind of forgetting of the social prisoners — beyond a few letters that were sent, the political prisoners, that at that moment had just been incarcerated and had been in there since the 90’s. In the famous Security case in which very important political prisoners rob a bank and end up killing a cop and are later detected and so on. I think that there is once again a crisis as it relates to the gap between these organizations of social prisoners and organizations of political prisoners.

Between the strikes of 2012 and those of 2019 — which also takes us through the fire at the San Miguel jail in 2010 — the sensibilities in between these different abolitionist practices begin to get closer and closer. Nonetheless — at least as it pertains to my own participation in anti-carceral collective in struggle during the hunger strike in 2012 and with the solidarity efforts accompanying the various forms of resistance against the penitentiary system in the wake of the fire in 2010, I think that there is a kind of attempt to get closer to, or an attempt of forming alliances, that is much more effective, which is generated between 2012 and 2019.

And so we face a moment in which the alliance between political prisoners and social prisoners becomes indistinguishable, and that truly there is the beginning of an effective articulation between both places of resistance within prisons and we begin to question, in a way that is a lot more coordinated, the corporatist-punitivist coupling that had been set to work, let’s say, during the 90’s and the 2000’s.

Therefore, now with the increase in the years required to petition for parole, which is being…which is now underway…once again this opens up the discussion, the necessity of attacking and interrupting the transformation of that which had been the containers of social excess [excedencia social], of attacking mainly the process of transformation of the containers of social excess in the business of imprisonment.

And I think that this diagnosis of the mutations in the penitentiary system, from containers to corporations, is what begins to articulate in a more effective way this alliance between political prisoners and social prisoners, and that in some way to also make us produce an economic-political analysis that is more sophisticated as it concerns the intensification of this corporate-punitivist context. And in this moment I think that the May strikes, at least, have gotten us closer in one way more effectively to these various groups. It is also extrapolated that the Walk of Those Without a Voice [La Caminata de Lxs Sin Voz], which starts in August, will have a repercussion that is much broader within the prisons themselves, and that in one way or another, this has already been demonstrated that what we were able to achieve with the May strikes, in that it was all the prisons, – –from north to south, all of the prisons– that in an organized manner were able to synchronize themselves to generate a strike and riots within prisons.

Therefore, we are facing a local context in which the political imagination that allows us to think that the alliances between the abolitionist movement and those prisoner movements seems closer, in the sense that it’s now much more evident that the discontent is towards that corporate society with its punitive veneer, this is what is mainly the alliance against the corporate society, what begins to take its place, as the space of the common, in the struggle against the Chilean neoliberal system.

And it is only from grasping this corporate society and the ways in which it totally capitalizes everyday life that we can put forth an effective analysis. And it is not solely an analysis but it is also coordinated actions of support and sustaining a kind of affective disposition, a kind of mood, that faces up to the capitalization of everyday life — it is there that we grasp that the prison, let’s say, is a site in which it becomes visible a new form of imagining an alliance between the heterogeneities of the impoverished.

A María: Well, thank you so much Pato for coming today and surely we will speak again soon.

Patricio Azócar: Yea, a huge shout out to all the comrades, to all the compañeros and compañeras, which made possible the most important anti-carceral strike in the United States in the past few years, and to those who were part of that vital impulse which sustained and sustains the rebellions happening here in Chile. So, thank you very much for allowing us to establish an alliance in relation to these struggles as well, in terms of our analysis of the penitentiary system and of supporting those bodies that are waging a war against poverty.